Entendemos por economía el modo de producir y administrar los bienes necesarios. En su significación económica, el trabajo es la actividad necesaria para aumentar las cosas útiles o la utilidad de las que ya existen, pero sólo alcanza su plena significación cuando es considerado como una actividad en la que los seres humanos se autorrealizan, dan contenido a su existencia y prestan un servicio al conjunto social. Por ello, el derecho al trabajo es uno de los derechos humanos primordiales.
Por ser naturalmente social, el ser humano trabajo con otros, construyendo un entramado laboral y social que se extiende en círculos progresivamente más amplios: quien produce una cosa suele hacerlo en equipo y con vistas a que otros puedan disfrutar de ella. Además, por ser el trabajo una fuente esencial de riqueza y equilibrio personal, siempre será necesaria cierta propiedad privada: precisamente para asegurar la autonomía personal y familiar. Por la misma razón, el gobernador deberá empeñarse en hacer cumplir una legislación laboral que defienda el derecho al trabajo justo, sin dejar la determinación de los contratos a la mera voluntad de las partes. De lo contrario, situaciones de extrema necesidad llevarían a aceptar cualquier condición laboral y serían fuente de abusos y violencias.
Todo salario debe ser justo, es decir, suficiente para sostener dignamente al trabajador o trabajadora y su familia. También ha de ser justa la legislación sobre el trabajo de menores, sobre horarios, seguridad e higiene. En este terreno, como en otros muchos, una correcta aplicación de la justicia distributiva consistirá en un mayor apoyo de la autoridad política a la ciudadanía más indefensa: nos referimos a esa forma fundamental de solidad que se ejerce por medio de la previsión social las pensiones, los seguros de enfermedad y de accidentes.
Asegurar un salario digno para todos y todas requiere, por parte del Estado, el esfuerzo de ofrecer una adecuada cualificación laboral y la vigilancia para no permitir fenómenos de explotación. También debe el estado procurar que la ofertade oportunidades de trabajo sea suficiente y, de no serlo, asegurar al trabajador y la trabajadora en paro un subsidio que cubra sus necesidades mínimas. Esto debería ser así, pero son muchos los millones de seres humanos que carecen de la capacitación mínima para participar con cierto protagonismo en un sistema de empresa. Marginados de hecho, el desarrollo social se realiza sin ellos, lejos también de su alcance. A veces se trata de muchedumbres impotentes para resistir la competencia de métodos, productos y estilos de vida sofisticados. Al final, empujados por la necesidad y ofuscados por los brillos de una sociedad opulenta, esos grupos menos favorecidos forman bolsas de pobreza y marginación en las grandes urbes de todo el mundo.
No nos referimos solamente al tercer Mundo. A pesar del progreso tecnológico y económico de las sociedades avanzadas, las injusticias de lo que se llamó “capitalismo salvaje” están lejos de haber desaparecido en su seno. Con un agravante típicamente moderno: a la carencia de recursos materiales se suma, en los menos favorecidos, una falta de conocimientos que les impide salir de su humillante dependencia. Las situaciones descritas, justifican la labor de sindicatos y asociaciones laborales: una vasta tarea en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de su dignidad humana.
Es un deber moral la lucha justa contra métodos económicos que consolidan el predominio absoluto del capital y los monopolios de los medios de producción.
(J.R. Ayllón y B. Gutiérrez y M. G. Blasco. Filosofía y ciudadanía. Editorial Ariel Filosofía. Barcelona. 2019)